• Miercoles, 19 Abril 2017 a las 19:54:00

EL COMBATE A LA TORTURA GARANTIZA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: DIP. CRISTINA GAYTÁN HERNÁNDEZ

“Si un sistema es permisivo ante la tortura, además de ser indiferente ante el dolor, daña la procuración de la justicia”, afirmó la diputada federal Cristina Ismene Gaytán Hernández.

 

·         “Esta es una ley que representa los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”

·         Se engloban las exigencias que todo Estado democrático debe garantizar para combatir y erradicar la tortura; también se asumirán, como nación democrática y respetuosa de la legalidad, el cumpliendo de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano

·         La pena será de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares

 

“Si un sistema es permisivo ante la tortura, además de ser indiferente ante el dolor, daña la procuración de la justicia”, afirmó la diputada federal Cristina Ismene Gaytán Hernández al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados respecto al dictamen en torno a expedir una legislación general destinada a prevenir y sancionar la tortura así como otros tratos crueles o penas degradantes.

 

Durante la sesión ordinaria, la legisladora del Sol Azteca también refirió: “aunque existían disposiciones estatales, federales e incluso constitucionales, al ser sus conceptos imprecisos e insuficientes, generaban resquicios en los que no se combatía a fondo la tortura”.

 

En este sentido, con la aprobación de este dictamen ahora se legislará en torno a lo siguiente:

 

·         Se creará una ley de carácter general, estableciendo coordinación y competencia entre los tres órdenes de gobierno, evitando omisiones e imprecisiones;

·         Se establecerá que la investigación y persecución del delito de tortura sea de oficio, además de por denuncia o vista de la autoridad judicial, y que su sanción sea imprescriptible;

·         Será posible que en la investigación del delito de tortura, se separe al servidor público investigado, para que éste no obstruya la justicia;

·         La pena será de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares. La pena se podrá aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor, indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad;

·         La investigación, procesamiento y sanción de lo relativo a tortura, será por jurisdicción civil, de manera que excluye la jurisdicción militar.

 

“Esta es una ley que representa los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es una ley que pretende establecer las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos de tortura, bajo los principios del respeto a la dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia además del acceso a la información pública”, mencionó la legisladora.

 

En este marco, se engloban las exigencias que todo Estado democrático debe garantizar para combatir y erradicar la tortura; también se asumirán, como nación democrática y respetuosa de la legalidad, el cumpliendo de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano.

 

“Hoy se supera la visión anacrónica de convivencia institucional con la tortura. Si un sistema es permisivo ante la tortura, además de ser indiferente ante el dolor, daña la procuración de justicia”, asentó la diputada federal.

 

Asimismo, cabe hacer mención que las voces de los organismos internacionales fueron importantes para la discusión en torno a este tema tan importante para la realidad nacional así como el entorno mundial y pondrá fin a diversas intenciones regresivas que pretendían limitar la acción del Estado en esta materia.

 

Finalmente, es importante señalar que esta reforma tiene su antecedente en julio de 2015 con la reforma constitucional que facultó al Congreso a expedir la normatividad general y en 2016, la Cámara de Diputados recibió la minuta correspondiente por parte del Senado; la cual, en palabras de la legisladora: “cuenta con el aval de la sociedad civil, de sectores académicos y, específicamente, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, garantizando el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos”.

 

CSGPPRD/DAFH

 

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