• Martes, 16 Agosto 2022 a las 14:22:00

DEMANDA PRD, SANCIONAR A PERSONAL DE RECLUSORIOS QUE ATENTE CONTRA INTEGRIDAD DE FAMILIARES DE INTERNOS

Denuncia Fabiola Rafael, violencia sexual y psicológica, por parte de custodios y/o directivos de los reclusorios

DEMANDA PRD, SANCIONAR A PERSONAL DE RECLUSORIOS QUE ATENTE CONTRA INTEGRIDAD DE FAMILIARES DE INTERNOS

·         Denuncia Fabiola Rafael, violencia sexual y psicológica, por parte de custodios y/o directivos de los reclusorios

·         Los atentados contra parejas o familiares de internos, se utilizan como mecanismo de extorsión ante la falta de recursos económicos por parte de las víctimas

·         Llama la Comisión Permanente, a que haga un exhorto a la Subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas; al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y a la CNDH para que elaboren e implementen -a la brevedad- un protocolo de prevención, atención y sanción de delitos contra la integridad sexual de las personas privadas de su libertad y/o de sus familiares

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) a través de la diputada Fabiola Rafael Dircio, presentó un exhorto a las secretarías de Gobernación, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (a cargo de José Ángel Ávila Pérez), y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se atienda y procese a todo interno y/o personal de Centros de Readaptación Social federales, estatales y municipales; que incurran en delitos contra la integridad sexual de gente privada de su libertad y/o sus familiares.

 

Asimismo, propone que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a cargo de Alejandro Encinas; al Órgano que encabeza Ávila Pérez, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que elaboren e implementen -a la brevedad- un protocolo de prevención, atención y -en su caso- sanción de delitos contra la integridad sexual de las personas privadas de su libertad y/o de sus familiares.

 

En su exhorto –que fue remitido a la Primera Comisión “Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia”- Fabiola Rafael alertó que, en alguna de las etapas de su proceso penal, 36 de cada cien personas privadas de su libertad, son víctimas de, al menos, un acto de corrupción.

 

De dicho porcentaje, agregó, 17 de cada cien han sido transgredidas al interior de los centros penitenciarios, siendo el Estado y Ciudad de México; Guerrero, y Puebla los más señalados por actos de corrupción; seguidos de Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo e Hidalgo.

 

Lo anterior, especificó la perredista, fue evidenciado en diciembre de 2021 en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

 

A nivel nacional - según los resultados de la Encuesta referida- casi 90 de cada cien pagos ilegales para obtener un bien o servicio dentro de un centro penitenciario, fueron entregados a los custodios y el 96.4 por ciento de la población total que pagó por ello, no presentó queja o denuncia ante las autoridades. El 33.6 por ciento no denunció ya que se considera a la corrupción una “práctica común” y un 29.9 por ciento por miedo a represalias.

 

Rafael Dircio, enlistó algunos de los servicios más recurrentes por los que los presos deben pagar al interior de las cárceles, entre los cuales destacan: Pago por pase de lista (en un 55 por ciento), por agua potable (31.9 por ciento), medicamentos (30 por ciento), comida (21.6 por ciento), utilizar mingitorios y regaderas (18.1 por ciento).

 

Siendo obligación y responsabilidad de las autoridades encargadas de los 447 centros penitenciarios en nuestro país, a dotar a la población privada de su libertad de dichos servicios básicos (las 447 cárceles se distribuyen en cinco federales, 330 estatales, 103 municipales y nueve del gobierno de la Ciudad de México).

 

Sin embargo, es pertinente resaltar que existe otro tipo de abusos, -sostuvo  la legisladora por el Estado de Guerrero-  y son los perpetrados contra los familiares de los internos, en particular contra las mujeres que los visitan, quienes sufren violencia sexual y psicológica en su contra, por parte de custodios y/o directivos de los centros penitenciarios, incluso de otros internos que -como mecanismo de extorsión y ante la falta de recursos económicos- utilizan la violencia sexual contra las parejas, madres, hijas o visitantes mujeres de otros internos.

 

Las vejaciones que sufren van desde obligarlas a desnudarse, asumir posturas forzosas, revisión en sus genitales, o abuso sexual (en algunos casos violaciones), denunció Fabiola Rafael.

 

Por lo tanto, la diputada federal, presentó el Punto de Acuerdo dirigido a las secretarías de Gobernación que encabeza Adán Augusto López; así como a la de Seguridad y Protección Ciudadana cuya responsable es Rosa Icela Rodríguez, al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la Suprema Corte a fin de que se atienda el tema.

 

“Queremos que se atienda el tema y se haga eco en favor del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en cualquier parte de su proceso, sobre todo para garantizar ese respeto a las mujeres que los visitan y han sufrido vejaciones a su intimidad. Y decirles que denuncien, que en el Grupo Parlamentario del PRD estamos para apoyarlas y mi oficina estará disponible para darles acompañamiento”, remató.

 

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