• Miercoles, 17 Agosto 2022 a las 15:23:00

SOLICITA PRD A SAT, INFORME SOBRE MECANISMOS DE INCLUSIÓN IMPLEMENTADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La atención no se reduce simplemente a la construcción de rampas de acceso. Todas las instituciones del Estado deben ejecutar medidas para garantizar la atención de cada una de las discapacidades

SOLICITA PRD A SAT, INFORME SOBRE MECANISMOS DE INCLUSIÓN IMPLEMENTADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

·         La atención no se reduce simplemente a la construcción de rampas de acceso. Todas las instituciones del Estado deben ejecutar medidas para garantizar la atención de cada una de las discapacidades

 

·         El SAT ha generado nuevas obligaciones que dificultan el cumplimiento por parte de la ciudadanía, lo cual obligó a ampliar el plazo para la nueva facturación y tramitar la constancia de situación fiscal, hasta enero de 2023

 

·         Hablamos de adecuar los servicios para más de 7 millones de connacionales, (mayoritariamente mujeres); especialmente adultos y adultos mayores

 

·         En México, hemos generado diversas políticas de inclusión que han permitido detectar necesidades particulares para los grupos que requieren atención diferenciada de las instituciones, a fin de mejorar su calidad de vida

 

Gabriela Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a cargo de Raquel Buenrostro, informe sobre los mecanismos de inclusión implementados en esta instancia para que personas con discapacidad, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

 

Sodi Miranda dejó en claro que, “todas las instituciones del Estado deben implementar medidas para garantizar la atención de cada una de las discapacidades, porque la atención no se reduce simplemente a la construcción de rampas de acceso, sino a toda una serie de medidas que garantice que todas y todos puedan tener una atención de calidad por parte de las y los funcionarios públicos, y cumplir con las obligaciones, particularmente fiscales.

 

Precisó que -a partir de mayo pasado- el SAT ha generado nuevas obligaciones que dificultan el cumplimiento por parte de la ciudadanía, lo cual obligó a ampliar el plazo para la nueva facturación y tramitar la constancia de situación fiscal, hasta enero de 2023.

 

En este contexto –añadió- en nuestro país, hemos generado diversas políticas de inclusión que nos han permitido la detección de necesidades particulares para los grupos con discapacidades que requieren de atención diferenciada por parte de las instituciones, con el objeto de mejorar su calidad de vida.

 

Es por ello, expuso, que el INEGI ha elaborado la clasificación de las discapacidades para facilitar el manejo de su información, en colaboración con otras instituciones, nacionales y extranjeras.

 

Sodi Miranda aseveró que el INEGI utiliza en su clasificador, 5 grupos de discapacidades, cada uno con diversos subgrupos:

 

El grupo 1 se refiere a la población con discapacidades sensoriales y de comunicación,  englobando a las personas que han perdido su capacidad visual (ceguera), auditiva (sordera) y de habla (mudez) o de comunicación, esta última incluye las que tienen problema de la comprensión del lenguaje.

 

El grupo 2 concentra las discapacidades motrices, e incluyen a toda aquella persona que enfrenta alguna discapacidad física y que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, -extremidades superiores e inferiores- lo cual impide a la persona su desplazamiento.

 

En el grupo 3 se localizan las discapacidades mentales, incluye las deficiencias intelectuales y de conducta, que representan restricciones en su aprendizaje y el modo de relacionarse con su entorno, lo que ocasiona algún tipo de limitación para el desempeño de sus actividades cotidianas, (retraso mental, demencia, psicosis, amnesia, locura, trastornos).

 

El grupo 4 engloba las discapacidades múltiples y otras; es decir, aquellas personas que tiene una o varias combinaciones de las restricciones antes mencionadas. En este grupo, el INEGI localiza también discapacidades como los síndromes (que implican más de una discapacidad). De igual manera, en este grupo se ubica la población con alguna enfermedad crónica y/o degenerativa, avanzadas (cáncer invasor, diabetes, enfermedades cardíacas, por mencionar algunas).  

 

Y finalmente, el grupo 9 converge a claves especiales. Abarca malestares que no corresponden propiamente a una discapacidad; pero pueden resultar un impedimento para desarrollar alguna actividad y/o tramite. Incluye a personas que dicen desconocer o no saber tener alguna discapacidad (necesidades especiales, incapacitado, dolor de cabeza, dolor de muela, tics nerviosos, uso de anteojos, alcoholismo, hipertensión, alergias, dislexia, epiléptico, uso de prótesis, y enfermedades agudas con duración menor a seis meses).

 

De acuerdo con los datos más recientes del Censo 2020, del total nacional de quienes habitamos en este país (más de 126 millones 14 mil personas), unos 7 millones 168 mil connacionales sufren de discapacidad o tienen algún problema o condición mental, lo cual equivale a casi el 6 por ciento. Ello amerita especial atención en todos los entes del gobierno, igual que a nivel general, sobre todo en Oaxaca, Guerrero y Tabasco que figuran con la mayor prevalencia de casos, mientras que los estados con menos son Quintana Roo, Nuevo León, y Chiapas.

 

Igualmente, se sabe que son más mujeres con alguna condición de discapacidad que los hombres, y la situación se recrudece en la medida que se avanza en edad: 3.2 millones (45%) personas adultas mayores; 2.2 millones (31%) personas adultas; 869 mil (12%) personas jóvenes, y 899 mil (13%) son niñas y niños.

 

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