• Martes, 11 Febrero 2020 a las 17:02:00

PROPONE GPPRD COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE ASESINATOS Y DESAPARICIONES FORZADAS POR AGENTES DEL ESTADO

El objetivos es la justicia y reparación del daño a las víctimas, avanzar en su no repetición y avanzar en la conciliación, reconciliación y paz nacional

 

PROPONE GPPRD COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE ASESINATOS Y DESAPARICIONES FORZADAS POR AGENTES DEL ESTADO

• Se cometieron más de 35 de estos homicidios y más de 60 mil de esas desapariciones entre 2006 y 2019


• El objetivos es la justicia y reparación del daño a las víctimas, avanzar en su no repetición y avanzar en la conciliación, reconciliación y paz nacional


A fin de contribuir a la conciliación, reconciliación y paz nacional ante la incapacidad del Estado Mexicano para abatir la delincuencia y la inseguridad, y ante la propia complicidad de muchos de sus agentes e instituciones con la criminalidad, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas propuso la Ley Para Crear la Comisión de la Verdad en Materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias entre 2006 y 2019.

Se trata –dijo al Pleno de Diputados al presentar la iniciativa correspondiente- de determinar que estos casos constituyen delitos de lesa humanidad, esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y garantizar la justicia, la verdad y la no repetición del daño a las víctimas y al país.

A nombre del GPPRD propuso construir un esquema de protección a estas víctimas y restituirles sus derechos en todos aquellos casos en que los agentes del Estado participaron en los delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias.

Insistió en que a esta severa crisis humanitaria, que data ya de hace tres décadas, contribuye la incapacidad del Estado Nacional de esclarecer los hechos de violencia y de seguridad pública, y  la complicidad de sus agentes con la criminalidad organizada.

Señaló que hay muchos casos que han cimbrado a la sociedad –como las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de niños y mujeres de la familia LeBaron en límites de Sonora y Chihuahua-, pero lo cierto es que los agraviados suman miles en todo el país.

Precisó que los asesinatos superan los 35 mil y las desapariciones forzadas los 60 mil porque la obligación del Estado para garantizar los derechos es prácticamente nula y porque muchos de sus agentes son aliados de delincuentes.

A esas cifras –puntualizó- se suman miles más de torturados y desplazados por la fuerza.

“Hemos visto cómo la violación a Derechos Humanos se constituyó como política de Estado, auspiciada por los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, en la cual los contrapesos de control y fiscalización resultan inválidos, dado que los órganos encargados de realizarlas carecen de facultades para denunciar y evidenciar las nefastas intenciones de un régimen que, hoy por hoy, se antoja tan autoritario como aquéllos de los años sesenta y setenta”, señaló.

Por ello consideró de vital importancia que la mencionada Comisión de la Verdad participe en el análisis e investigación imparcial de las causas de esta crisis para generar un continuo proceso de conciliación y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades.

Se  trata –agregó- de que coadyuve al restablecimiento de la paz social y no a un proceso que, guiado por el propio gobierno, intente borrar las huellas del pasado, creando comisiones al margen o por encima de toda legalidad.

Precisó que la Comisión de la Verdad que propone deberá aportar elementos históricos, políticos y jurídicos para determinar si los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial constituyen delitos de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La propuesta es que dicha Comisión goce de autonomía plena, cumpla su tarea en 60 meses calendario y se integre por cinco personas designadas por la Cámara de Diputados a propuesta de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de víctimas directas o indirectas.

Sus sesiones serán públicas y serán invitados con derecho a voz pero no a voto el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial Federales, y de la Fiscalía General de la República.

“Es hora de brindar a la sociedad la protección que el Estado le debe, pues han sido las propias autoridades las que incurrieron, propiciaron o favorecieron actos violatorios de los derechos de las personas. Es hora de que, frente a la penetración del crimen organizado y a la omisión, negligencia, impotencia o indiferencia, iniciemos el proceso de construcción de la Paz en nuestro país. Es hora de que este Congreso abrace a las víctimas y que, recogiendo sus demandas, empiece a legislar en favor de la concordia entre las y los mexicanos”, concluyó.

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