• Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez

    COORDINADOR GENERAL


  • Guadalupe Acosta Naranjo

    VICE COORDINADOR GENERAL


  • Ilich Augusto Lozano Herrera

    PRESIDENTE DE DEBATES


  • Mary Telma Guajardo Villarreal

    COORDINADORA ADMINISTRATIVA


  • José Luis Jaime Correa

    COORDINADOR PROCESO LEGISLATIVO Y JURIDICO


  • Leticia Quezada Contreras

    COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL


  • Domingo Rodríguez Martell

    COORDINADOR DE VINCULACION CON GOBIERNOS LOCALES


  • Rigoberto Salgado Vázquez

    COORDINADOR DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES


  • Juanita Arcelia Cruz Cruz

    COORDINADORA DE VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION INTERIOR Y TRANSPARENCIA


  • Samuel Herrera Chávez

    COORDINADOR DE FINANZAS PUBLICAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES


  • Nazario Sánchez Norberto

    COORDINADOR DE REFORMA DEL ESTADO, POLITICA INTERIOR Y SEGURIDAD NACIONAL


  • Dolores de los Angeles Nazares

    COORDINADORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA


  • Florentina Rosario Morales

    COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD


  • César Francisco Burelo Burelo

    COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HIDRAULICOS


  • Emiliano Velázquez Esquivel

    COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL


  • Obdulia Magdalena Torres Abarca

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ACUSA AGC, QUE CALDERÓN NO QUISO LIQUIDAR A UNA EMPRESA DEFICIENTE, SINO A UNA OPOSICIÓN POLÍTICA

INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GPPRD, DURANTE EL DEBATE PARA QUE SE DESIGNE EN ESTA SESIÓN A UN GRUPO PLURAL DE SENADORES Y DIPUTADOS PARA QUE ACTÚE COMO INTERMEDIARIO ENTRE EL SME Y EL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE LOGRAR UN ACUERDO JUSTO QUE PERMITA SALVAR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES DEL SME EN HUELGA DE HAMBRE, ESPECIALMENTE A LOS TRABAJADORES CAYETANO CABRERA Y MIGUEL ÁNGEL IBARRA JIMÉNEZ



Palacio Legislativo, Miercoles, 21 Julio 2010 a las 16:10
Versión No. 635

Diputado Agustín Guerrero Castillo (AGC): Quiero que ubiquemos el momento de este conflicto, es un momento excepcional y crítico, es un conflicto que nadie pudiera haber pensado cuando se supo aquella madrugada del 10 de octubre, que iban a transcurrir los meses y las semanas que han pasado y que éste iba a convertirse en un conflicto en el que persistiera hasta la fecha y que fuera tomando estas modalidades.

 

Son ya casi diez meses en los cuales los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), han dado una batalla por su derecho al empleo, su derecho Constitucional al trabajo, y en estos diez meses el gobierno mexicano, este gobierno ha utilizado instrumentos más allá de la Ley; no para liquidar a LyFC, sino para liquidar –literalmente- a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

 

La razón que se dio aquí el diez de octubre es que la empresa era ineficiente, esa fue la razón y no conocemos un solo documento, los estados financieros de la empresa para acreditar que, efectivamente así estaba la cosa.

 

Cuando se le solicitó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que hiciera pública esta información que fundamenta el Decreto del 10 de octubre, la SHCP decidió, por la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información que esta misma se reservara por 12 años, con un argumento: de conocerse la situación financiera de LyFC, podría ser favorable para la otra parte, es decir, para los trabajadores. Entonces afirmar que se tomó esa decisión por ineficiente, luego no presentar pruebas y reservarlas por 12 años, pues deja mucho que desear.

 

Creerle a la palabra de quien declaró ineficiente sin hacer pública esta información, no se vale decir que es por eso. Ahora, políticamente hablando, si en nuestro país todo aquello que es ineficiente se tendría que liquidar, ¿por dónde empezamos? ¿con quién empezamos? ¿cuántos servidores públicos del gabinete tienen los resultados que todos conocemos?, pues el actual va del gris claro al gris oscuro, sin resultados.

 

Ahí está el tema de la seguridad pública, el del desempleo y ¿qué? ¿lo vamos a liquidar porque esa es la razón? O sea, si alguien es ineficiente, no puede con su trabajo porque no sabe o porque no puede. No se puede utilizar ese argumento, pero ese es un asunto que se ha ido resolviendo poco a poco.

 

Lo que hemos planteado ahora es que hay un elemento nuevo: dos personas que por su propia voluntad decidieron ponerse en huelga de hambre para ejercer su derecho al trabajo, y que han planteado en esté momento la figura de patrón sustituto por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), eso es lo que están pidiendo: trabajo.

 

A través de un ofrecimiento que hizo el señor Javier Lozano, de que se iba a incorporar a la  CFE a la mayoría de los trabajadores que fueran liquidados. Eso es una mentira. No más de mil, sino 700 trabajadores de los 42 mil, pero de los 22 mil que decidieron en las dos primeras fases aceptar la liquidación, solamente 700 han sido recontratados por la CFE, ¿por qué no los 22 mil? Porque presupuesto hay, tan hay que acaban de anunciar y ya se está llevando a cabo, una tercera fase de liquidación por encima de la Ley.

 

¿De dónde, el señor Lozano, está obteniendo dinero para ofrecer liquidaciones por arriba de la Ley en una tercera fase? Pero además, Javier Lozano está usurpando una función que el decreto del 10 de octubre le dio al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el organismo responsable de la liquidación de los bienes y de las jubilaciones de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro es el SAE y quien está haciendo la liquidación es Javier Lozano, está usurpando una función que el decreto del 10 de octubre no le dio.

 

También se tiene que aclarar, parece que el propósito no es buscar tener una empresa eficiente en el servicio, mantenimiento y suministro de la energía eléctrica; el propósito era liquidar a una oposición política, contraria al gobierno en turno.

 

Hoy vivimos una situación extraordinaria y crítica, porque la vida de dos personas en su pleno ejercicio de decidir sus formas de lucha y eso tiene que respetarlo, compartirlo o no, se encuentra ya en una situación extrema según reportes médicos, no hay que entreverar las razones, senador Camarillo.

 

Cuando usted comenta esta parte de la atención médica a la que hacía referencia el secretario del SME a los dos huelguistas de hambre, era porque el gobierno federal ofreció atenderlos médicamente en el curso de esta huelga de hambre, y la respuesta fue que no. La atención médica la ofrece la gente de confianza del Sindicato, porque no confiaban en que el servicio médico ofrecido por el gobierno federal, no era suficiente.

 

Pero una cosa es eso y otra lo que usted plantea con relación a este asunto de los medios.

 

Concluyo simplemente con la convocatoria que hemos hecho, a integrar una comisión que busque ser intermediaria entre los dos trabajadores, que están hoy en un estado crítico, y el gobierno federal, al más alto nivel, quien puede resolver este conflicto.

 

Fue muy claro, ya el anterior secretario de Gobernación, a pesar de que se reunió con ellos varias veces, no pudo resolver el conflicto; también es claro que el señor Javier Lozano no tiene un interés de resolverlo pues es parte del conflicto, creo que, con sensibilidad podríamos proponernos una reunión el día de hoy con el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, y los dos trabajadores que están en huelga de hambre. De eso se trata esta comisión.

 

Muchísimas gracias.

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