• Miercoles, 24 Julio 2019 a las 14:43:00

EL PRESIDENTE NO PUEDE EVADIR SU RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE LA “LEY BONILLA”: DEBE IMPUGNARLA

El GPPRD le exige que, conforme a sus facultades y obligaciones legales, presente acción de inconstitucionalidad con esa norma antidemocrática

EL PRESIDENTE NO PUEDE EVADIR SU RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE LA “LEY BONILLA”: DEBE IMPUGNARLA

• El GPPRD le exige que, conforme a sus facultades y obligaciones legales, presente acción de inconstitucionalidad con esa norma antidemocrática

• Todas las fuerzas del Estado Mexicano deben actuar igual para hacer respetar la voluntad popular y sancionar a los autores de dicha “ley”

INTERVENCIÓN DE LA COORDINADORA DEL GPPRD EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, VERÓNICA JUÁREZ PIÑA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DURANTE LA DISCUSIÓN SOBRE LA “LEY BONILLA” QUE AMPLIA ILEGALMENTE EL MANDATO DEL GOBERNADOR ELECTO, JAIME BONILLA VALDEZ, DE DOS A CINCO AÑOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.


En principio, en verdad reconocer que nos demos esta oportunidad de debatir este tema que tanto ha dañado a nuestra Constitución porque una cosa es esperar el comunicado y otra cosa también es el poder debatir y el poder condenar la validación que hizo ayer el Congreso de Baja California en torno a ampliar el periodo del gobernador una vez que éste fue electo por dos años y lo pretenden ampliar a cinco.

Todos sabemos que el pasado 8 de julio todo México fue testigo de uno de los atentados en contra de nuestra endeble democracia que se han producido en los últimos tiempos. 

El Congreso del Estado de Baja California aprobó una reforma constitucional para extender el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, electo para dos años hasta cinco años, a través de una maniobra política burda, escandalosa y grosera, que trastoca el orden constitucional y violenta todos los principios de la democracia. 

Esta reforma fue validada el día de ayer, 23 de julio, por 15 de los 21 diputados que votaron a favor, en una sede alterna, escondidos del escrutinio popular y en una acción que se asemeja un acto delictivo. 

No ha sido el primer intento: desde el inicio del proceso electoral, distintos actores ligados a MORENA, han intentado modificar este plazo en ocho ocasiones y, en todas ellas, esta artimaña fue desechada en distintos ámbitos.


Es verdad: diputadas y diputados de todos los partidos políticos validaron esta reforma, pero hay que decirlo también –y en esto todos debemos estar de acuerdo- que quien presentó una iniciativa es alguien del partido Morena y que esta iniciativa, esta reforma, tiene un beneficiario, que tiene un nombre y apellido. Es una ley que va dirigida a una persona de nombre Jaime Bonilla.

En estas circunstancias, y en una situación por demás anómala y que pone en riesgo el Estado de Derecho y los procesos democráticos, es que el Congreso del estado de Baja California votó por la ampliación del plazo constitucional relativo al mandato, bajo severas acusaciones de corrupción y compra de voluntades, así como en un ambiente plagado de irregularidades en el procedimiento legislativo que ponen en duda hasta la integridad de los propios legisladores locales. 

Esta iniciativa fue aprobada en sesión extraordinaria llevada a cabo el 8 de julio de 2019, por 21 votos a favor y una abstención. El proceso de aprobación constitucional se llevó a cabo, lográndose la aprobación de tres de los cinco ayuntamientos y ayer se concretó su validación, faltando únicamente su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California para que forme parte del orden jurídico de aquella entidad. 

Estos graves acontecimientos ponen en riesgo la seguridad de los gobernados y se pretende atropellar la soberanía popular que da legitimidad a las investiduras provenientes del voto popular.

Debemos ser claros en los argumentos: la ampliación del mandato constitucional para el que fue electo Jaime Bonilla es una violación a los principios constitucionales que rigen todos los procesos electorales. No podemos obviar esta situación y, en consecuencia, presentamos, ante esta Comisión Permanente la petición para que la Cámara de Senadores conozca y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a la que se refiere la fracción V del artículo 76 constitucional en este estado.

El Congreso de Baja California, en un acto de abuso de autoridad, cambió el período del mandato del gobernador electo, una vez consumado el proceso electoral, violentando con ello el orden constitucional y legal que nos rigen, ya que toda prórroga del mandato, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inconstitucional y consecuentemente violenta de manera fehaciente los principios que las y los mexicanos nos hemos dado como columna vertebral de nuestra democracia.

Es menester hacer énfasis en que los integrantes del Congreso del Estado de Baja California actuaron quebrantando los principios constitucionales y además el gobernador electo lo acepta, de tal forma que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hemos procedido, desde el PRD, a interponer una demanda de juicio político debido a estos actos, porque consideramos que no es suficiente que emprendamos las acciones legales para dejar sin efecto esta reforma, sino que es indispensable que cualquier funcionario público que actúe en contra del orden constitucional y las leyes que nos rigen, sean sancionados por sus acciones ya que afectan la vida democrática no sólo del estado de Baja California, sino de todo nuestro País.

El PRD hizo lo propio la semana pasada presentando esta solicitud de juicio político y esperamos que las expresiones que han tenido todas las fuerzas políticas se vean reflejadas ahí para que exista una sanción contra las diputadas y diputados de Baja California.

Por último, desde el Partido de la Revolución Democrática emprenderemos todas las acciones legales que sean necesarias para dejar sin efectos esta reforma. Tenemos lista la acción de inconstitucionalidad que corresponde y esperamos que todas las fuerzas políticas así lo hagan, y es por ello que también exigimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie en contra  de esta reforma. 

No se vale que andemos con ambigüedades en estos temas. Es por eso que le pedimos que, conforme al artículo constitucional 105, numeral 2, inciso C, el Ejecutivo presente por conducto del Consejero Jurídico una acción de inconstitucionalidad, por ser una reforma local que vulnera la Constitución.

El Presidente, como Jefe del Estado Mexicano, tiene esa obligación y no puede evadir su responsabilidad establecida en nuestra Carta Magna. 

Es cuanto.


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