• Jueves, 12 Diciembre 2019 a las 14:46:00

INTERVENCIÓN DEL PRD EN LA DISCUSIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE OFRECIÓ LA COORDINADORA DEL GPPRD, VERÓNICA JUÁREZ

Como debieran recordar algunos de las y los diputados de la mayoría que en el pasado intervinieron en las mesas que hicieron posibles los acuerdos para las grandes reformas electorales de 1990, 1996, 2008 y 2014, éstas fueron resultado del consenso de las fuerzas políticas, que negociaron y acordaron sus términos, para empujar con un sentido progresivo la transición democrática de México.

INTERVENCIÓN DEL PRD EN LA DISCUSIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE OFRECIÓ LA COORDINADORA DEL GPPRD, VERÓNICA JUÁREZ

Con el permiso de la Presidencia.

Como debieran recordar algunos de las y los diputados de la mayoría que en el pasado intervinieron en las mesas que hicieron posibles los acuerdos para las grandes reformas electorales de 1990, 1996, 2008 y 2014, éstas fueron resultado del consenso de las fuerzas políticas, que negociaron y acordaron sus términos, para empujar con un sentido progresivo la transición democrática de México.

Fue así como se logró la apertura de las Cámaras del Congreso de la Unión a la pluralidad y la alternancia en los gobiernos de los estados y los municipios; fue así como se logró un padrón electoral confiable y la credencial para votar con fotografía; como se logró la ciudadanización y autonomía del ahora Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales; fue así como regulamos el acceso equitativo de los partidos a los medios masivos de comunicación.

La razón de ser de esta práctica de acuerdos tiene qué ver con la sustancia de las normas que rigen las elecciones y la integración de la representación política del país: se trata, ni más ni menos, de establecer las reglas de la contienda entre partidos que representan distintas ideologías, plataformas políticas e intereses sociales.

El mantener por la vía pacífica y civilizada esa contienda ha dependido, en gran medida, de que las reglas que la encauzan y los actores que la arbitran sean aceptados por los contendientes. Si en todas las materias es loable el consenso, en el caso de las reformas electorales son un elemento indispensable para garantizar la legalidad y la legitimidad sus resultados. Contrario a esa sana práctica, ya enraizada en nuestro sistema político, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, que estamos discutiendo, no tiene más fin que el de hacer una propaganda interesada del partido Morena y del gobierno. Buscan, además, descalificar, demeritar y vulnerar el sistema de partidos, a la oposición y las minorías; que son base fundamental de una democracia.

Sin duda alguna, una de las principales demandas de nuestra sociedad es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Hemos sostenido en múltiples ocasiones y así lo hemos propuesto en esta Cámara, que estamos plenamente de acuerdo en la disminución de estos recursos. Compartimos la preocupación de las y los mexicanos para que estas entidades realicen un uso más eficiente de estos recursos y, con ello, abaratemos el alto costo de nuestra democracia.

Coincidimos que, en una situación de precariedad económica como la que vivimos en nuestro país, resulta ingente que los partidos apliquen los recursos de manera más eficaz. Es por ello que sostenemos que lo que se debe garantizar es un sano balance y ajuste del presupuesto que reciben los partidos, de tal forma que se adecue a las realidades económicas del país. Con menos recursos de origen público para los partidos políticos, se puede esperar que su uso sea más racional y, consecuentemente, que el nivel de confianza ciudadana en estas instituciones pueda aumentar, mejorando a su vez la confianza de los mexicanos en su democracia en la medida que los partidos políticos son instituciones básicas de todo sistema democrático.

Estando de acuerdo en esta disminución, nuestra propuesta ha sido cambiar, adicionalmente, la forma de distribución de estos recursos de tal manera que 70 por ciento de ellos se distribuya de forma igualitaria entre todos los partidos (el vigente es el 30 por ciento) y 30 por ciento de acuerdo al porcentaje de votos, esto significaría una distribución más igualitaria entre todos los partidos. Reducir nada más por reducir, no resuelve las cosas, es menester desarrollar nuestra democracia y buscar que los partidos puedan funcionar como partidos y en un sistema de partidos.

La Carta Democrática Interamericana señala, en su artículo 5, que “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia”. A esto está obligado el Estado Mexicano. Ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha afirmado que las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad.

Por ello, la participación efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante normas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. También lo señala nuestra Constitución, cuando resalta que el objetivo primordial del financiamiento público a los partidos es garantizar los recursos suficientes para que la competencia electoral sea equitativa y con posibilidades reales para todos los partidos de conquistar el poder político a través del voto popular.

Es decir, los partidos políticos constituyen un instrumento para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las y los ciudadanos que tanto los gobiernos como el Congreso de la Unión están obligados a fomentar y garantizar. Los partidos políticos constituyen el cauce legal por la cual las y los ciudadanos dan vida a las instituciones democráticas que hemos construido. Son elementos esenciales de un régimen democrático representativo de gobierno. Es por ello que, convencidas y convencidos, hemos propuesto que se reduzcan los costos de las elecciones, pero sin eliminar la equidad en la contienda. También se puede economizar en esta materia, pero sin afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Hemos identificado al menos dos áreas de oportunidad para reducir sustancialmente los gastos electorales:

·        La primera es la legislación para que el voto de los electores se realice en forma electrónica, lo que permitiría un ahorro en el gasto que se hace por concepto de la adquisición de papel seguridad y por la impresión de centenares de millones de boletas en cada elección. Por sí solo, este ahorro sería mayor al que se propone rasurando el financiamiento público de los partidos.

·        La segunda es la revisión de las reglas locales de financiamiento público a los partidos políticos, hoy equiparadas a lo establecido  en el ámbito federal. Un acuerdo entre todos los partidos a este respecto, permitiría posiblemente un ahorro de recursos públicos del mismo monto que el ahorro que se propone en el dictamen.

El contenido de la reforma propuesta por la mayoría es unilateral, lo que en sí es un vicio del Dictamen. Pero, además de ser una maniobra propagandística, de aprobarse sin otras reformas legales y constitucionales, implicaría la ruptura del principio de equidad, que es uno de los principios rectores de la función estatal electoral. El Grupo Parlamentario del PRD ha sostenido que es indispensable la instalación de una mesa de trabajo que analice una posible reforma electoral de manera integral y consensada, no por parches unilateralmente aprobados por la mayoría.

**Con esta propuesta, el partido Morena, que es dominante en el escenario actual, obtendría una ventaja indebida en las futuras elecciones, pues los partidos diferentes se debilitarán al reducir su financiamiento público, mientras que la mayoría morenista se niega a discutir y tomar acuerdos sobre las ventajas legales e ilegales de las decisiones que se están tomando.

¿Por qué no en lugar de que el Presidente invite al linchamiento de sus opositores, eliminamos la cláusula de sobrerrepresentación del 8% en la integración de la Cámara de Diputados? ¿Por qué no en vez de que el titular del Ejecutivo estigmatice a la oposición, descongelan la propuesta de establecer la inelegibilidad de los superdelegados que mandan a los llamados “Servidores de la Nación” y realizan una inconstitucional promoción personalizada en la propaganda gubernamental que favorece al partido Morena? ¿Por qué no en lugar de que, desde el púlpito presidencial se descalifique y denigre a las demás fuerzas democráticas, sujetamos a Reglas de Operación y se transparenta el ejercicio de todos los programas sociales del gobierno, cuyos padrones de beneficiarios se mantienen ocultos y se utilizan para el clientelismo electoral?

¿Por qué no, si de verdad quieren ahorrar, si es auténtica la política de austeridad que pregonan Morena y el Presidente de la República, eliminan la nómina y los gastos de operación de los “Servidores de la Nación” y sus coordinadores? Tan solo con ello se ahorrarían 3 mil 300 millones de pesos anuales.

Es lamentable que las reformas democráticas y las instituciones que le permitieron a Morena conquistar legítimamente el poder presidencial, ahora sean objeto de un ataque que las pretende vulnerar, proponiendo estrangular financieramente a los partidos de oposición. Porque este es el efecto que busca con su propuestaQué lástima que, en aras de una politiquería de la mayoría legislativa, se sacrifique la viabilidad de la propuesta de economizar en el gasto electoral y se deje de lado el afán ciudadano de una reforma electoral integral.

Seamos claros. La pretensión presidencial y de esta mayoría es eliminar toda competencia electoral para quedar como único y poderoso actor electoral que les permita no sólo seguir en la presidencia de la república, sino también mantener el control del Poder legislativo para garantizar su perpetuación ilegítima y, de esto, no vamos a ser cómplices. En esta cámara, la mayoría falsificada que han edificado únicamente tiene por objeto satisfacer los designios unidireccionales de quien hoy se sienta en la silla presidencial.

Con lo que hoy votamos, no favorecemos las decisiones democráticas. Al no realizar un análisis de las opciones que tenemos, estamos desestimando el valor de los votos reales y otorgando dinero artificialmente a partidos satélites que, en estas circunstancias, por encontrarse al amparo del poder, sobreviven gracias a triquiñuelas y subterfugios. Con este dictamen, no favorecemos la voluntad popular ni la equidad. Aniquilamos las posibilidades de fortalecer las instituciones democráticas y el pluralismo. Con este dictamen, nuevamente, el grupo de Morena violenta garantías individuales, viola la Constitución y los tratados internacionales de los que, como país, formamos, parte. Los partidos son instituciones necesarias en la democracia y ésta descansa en los partidos políticos.

Con esta reforma, el presidente y el grupo parlamentario de Morena están quebrantando los derechos políticos de las y los ciudadanos y  aniquilando la democracia mexicana.

 

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