• Viernes, 23 Agosto 2019 a las 17:35:00

MENSAJE DEL DIPUTADO ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

El día de hoy en la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, se dará un intenso debate, pues hay una reacción nacional de preocupación, de temor por una iniciativa que pretende reformar cuatro leyes en el próximo período ordinario de las cámaras de diputados y senadores.

MENSAJE DEL DIPUTADO ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON RELACIÓN AL DEBATE HOY EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOBRE LAS RESERVAS DE TRES INICIATIVAS QUE PROPONEN EL COMBATE A LA FACTURACIÓN FALSA PARA TIPIFICARLA COMO CRIMEN ORGANIZADO Y CASTIGARLA CON PRISIÓN.

 

El día de hoy en la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, se dará un intenso debate, pues hay una reacción nacional de preocupación, de temor por una iniciativa que pretende reformar cuatro leyes en el próximo período ordinario de las cámaras de diputados y senadores.

 

Se pretenderá de manera exprés, de manera rápida, modificar el Código Fiscal de la Federación; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley contra la Delincuencia Organizada, y el Código Federal de Procedimientos Penales.

 

La intención es castigar con penas que merecen prisión (inicialmente preventiva y después pena corporal de 6 a 8 años) a quienes emitan facturas apócrifas, a las “empresas fantasma” que emiten estas facturas y, desde luego, a los contribuyentes que las presenten como parte de sus informes fiscales.

 

Sin duda es un daño grave el que se impone al ingreso público, la evasión con estos procedimientos ilegales. Se calcula en más de 350 mil millones de pesos anuales la evasión fiscal y se limita enormemente la capacidad del Estado para atender las demandas sociales, las demandas del desarrollo y la calidad de vida de los mexicanos.

 

Sin embargo, como lo están acostumbrando los dirigentes de la Cuarta Transformación –y particularmente en la Secretaría de Hacienda y en la Presidencia de la República- sin el cuidado jurídico necesario, sin la sensibilidad social necesaria se pretende modificar esta ley y castigar a empresas representantes que presentan facturas en sus informes y que tienen como origen “empresas fantasma”.

 

El Estado, con esta reforma, daña el principio básico de la Constitución de la “presunción de inocencia”: Ningún mexicano puede ser culpable si antes no se demuestra su responsabilidad.

 

Y desde luego, es el Ministerio Público, es el gobierno quien tiene la responsabilidad de presentar las pruebas que puedan significar la responsabilidad para que el poder judicial pueda emitir una sentencia y quedar dilucidada la responsabilidad o la inocencia de cualquier ciudadano.

 

Esta reforma castigará no solo a la “empresa fantasma” que emite la factura apócrifa, a la empresa que simula actividades económicas; sino que también castigará al ciudadano o a la empresa que recibe estas facturas y, con ellas, demuestra su contabilidad.

 

Pensamos que no hay manera de que un ciudadano común, o un responsable contable de una empresa, esté obligado a comprobar la existencia o la legalidad de una empresa o de una factura. Ésta se recibe y si se cumple con la norma básica, mínima que define la ley, pues se recibe y se incorpora a los archivos y a la contabilidad.

 

Si lo que se pretende es que el empresario, el contador, el empleado tenga que demostrar que la empresa (que le emite la factura) es legal, que tiene actividades económicas reales, que compruebe que la factura es legal, que cumple con toda la normatividad, que está emitida de manera correcta, pues será prácticamente una guadaña que pondrá en la cárcel a muchos inocentes y se violarán –repito- los principios de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario y no se violará la responsabilidad de que el que acusa tiene que probar.

 

Nosotros en el PRD estaremos muy pendientes y, desde luego, nos sumamos solidariamente a los reclamos y las protestas que –a nivel nacional- se están generando frente a este despropósito legal que se suma a iniciativas que han significado un caudal de amparos, de recursos ante la Suprema Corte de Justicia que ha dado, en muchos casos, la razón porque están elaboradas sin cuidado jurídico, sin sensibilidad social, y aplicando a “machete” medidas que requieren cuidado selectivo, vigilancia para no causar daños a inocentes.

 

Meter a la cárcel a ciudadanos que reciben una factura apócrifa y la entregan, nos parece un despropósito al que hay que oponerse de manera firme y radical.

 

 

 

 

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