• Martes, 13 Abril 2021 a las 18:51:00

GPPRD PIDE QUE INSTITUCIONES DEL ESTADO TAMBIÉN DEJEN DE APROVECHARSE DEL “OUTSOURCING”

En cambio, reiteró el rechazo de su bancada a cambiar la fórmula para el reparto de utilidades; afectaría a los trabajadores y sería anticonstitucional

 

GPPRD PIDE QUE INSTITUCIONES DEL ESTADO TAMBIÉN DEJEN DE APROVECHARSE DEL “OUTSOURCING”

 

          En voz de su Coordinadora, Verónica Juárez, señaló que hay consenso en que trabajadores bajo esa figura se incorporen a esas instituciones

 

          En cambio, reiteró el rechazo de su bancada a cambiar la fórmula para el reparto de utilidades; afectaría a los trabajadores y sería anticonstitucional 

 

La Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, apoyó la propuesta para que en la próxima reforma laboral también se obligue a las instituciones del Estado a incorporar en su nómina a los trabajadores que subcontratan para diversos servicios a través del llamado “outsourcing”.

 

En entrevista con la prensa durante la sesión de hoy también reiteró el rechazo de su bancada a que se modifique la fórmula para el reparto de utilidades en las empresas privadas, ya que vulneraría los derechos de los trabajadores y significaría una regresión contraria a la Constitución.

 

La líder perredista consideró que esta reforma laboral sería, en términos generales, positiva, máxime si las instituciones del Estado igualmente dejan de aprovecharse del “outsourcing” para evadir responsabilidades hacia quienes les realizan diversas tareas.

 

En tal sentido señaló que hay consenso con los otros grupos parlamentarios en que los trabajadores subcontratados por las instituciones del Estado Mexicano sean incorporados al apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, que es precisamente donde están las bases que regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores.

 

Recordó que las instituciones del Estado son de las principales contratistas de empresas para la realización de servicios que les son necesarios para su funcionamiento, como los de limpieza y seguridad, pero sin que a los trabajadores que se utiliza para ello se les reconozcan derechos laborales, como la seguridad social.

 

Aclaró que falta por definir el impacto presupuestal que implicaría la contratación directa y las prestaciones laborales de esos trabajadores.

 

En cuanto a eliminar el “outsourcing” en las empresas privadas, reiteró la oposición de su Grupo Parlamentario de que a cambio se modifique la fórmula para el reparto de utilidades en ellas.

 

Recordó que la legislación vigente prevé que, una vez que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas fija cada año el porcentaje que éstas deben destinar para tal efecto, la cantidad resultante en cada empresa se dividirá en dos partes iguales.

 

La primera se repartirá -también por igual- entre todos los trabajadores tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de sus salarios, y la segunda se repartirá en proporción al monto de salarios devengados por el trabajo prestado en el año.

 

Juárez Piña agregó que la reforma que se pretende con motivo de una nueva regulación al outsourcing en la Ley Federal del Trabajo sustituye estos criterios de reparto de utilidades por uno sólo, consistente en tomar en cuenta sólo los últimos tres meses de trabajo para todos los trabajadores por igual.

 

Reiteró que esto es una regresión en los derechos laborales, en particular para quienes tienen mayor antigüedad o tienen salarios más altos.

 

Reconoció que esta disposición vigente en la ley se incumple en muchos casos, por lo que gran número de trabajadores no acceden a utilidad alguna, sea con base en su antigüedad, el monto de su salario, los últimos tres meses del mismo o cualquier otro parámetro, pero aclaró que ahí el problema es de incumplimiento de la ley, no de que la ley -en esta caso en particular- esté mal. 

 

Consideró un retroceso preocupante este probable cambio en la fórmula para el reparto de utilidades contra el que podrían interponerse amparos u otros recursos jurídicos.

 

Lamentó que los líderes sindicales no hayan salido en defensa de este derecho de sus agremiados, lo cual -insistió- no le resta validez en la actual ley.

 

Adelantó que su bancada presentará la reserva correspondiente para defender ese derecho de los trabajadores cuando el dictamen respectivo de presente para la votación del Pleno de Diputados.

 

 

 

 

 

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