• Miercoles, 6 Diciembre 2017 a las 19:00:00

PROPONE RAFAEL HERNÁNDEZ INSTALAR MESA PERMANENTE DE TRABAJO POR AFECTACIONES DEL NAICM

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe exhibir sin más demora los estudios y permisos de impacto ambiental relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, quien además exigió al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no minimizar las afectaciones que esa obra ha generado a la población.

 

·         Reitera emplazamiento a Ruiz Esparza para realizar recorrido en zonas afectadas por extracción de material para el aeropuerto

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe exhibir sin más demora los estudios y permisos de impacto ambiental relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, quien además exigió al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no minimizar las afectaciones que esa obra ha generado a la población.

 

El diputado federal del PRD también se pronunció por crear una mesa de trabajo permanente en la que estén representados los desarrolladores del proyecto, ciudadanos afectados, autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladores, especialistas y académicos,  fin de atender y desahogar temas relacionados con la macro obra.

 

De igual forma, indicó que aún espera la respuesta al emplazamiento que el pasado 28 de noviembre durante su comparecencia ante diputados hizo al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para realizar un recorrido por las comunidades afectadas debido a la intensa explotación de minas y los vertederos de lodos contaminados extraídos de la macro obra aeroportuaria, así como para constatar los daños al amiente y al patrimonio prehispánicos.

 

En el marco de una reunión de trabajo entre representantes del GACM, legisladores de la comisión especial y vecinos de municipios del Estado de México afectados por la explotación de minas, Hernández Soriano detalló que instalar de forma permanente una mesa de trabajo permitiría a todas las partes aportar documentos que avalen la legalidad del desarrollo de la obra, atender las inquietudes de la población y dar seguimiento legislativo a la ejecución del proyecto más costoso del actual gobierno federal.

 

En dicha reunión y tras escuchar testimoniales de vecinos afectados, Alejandro Vilchis, responsable del tema de medio ambiente por parte del GACM reconoció que debido a anomalías fueron clausuradas cinco de más de  un centenar de minas, rechazó que los lodos depositados fuera del polígono de construcción sean tóxicos y pidió a los afectados discutir el tema sin el ingrediente “emocional”.

 

Al respecto, Hernández Soriano demandó al funcionario actuar con respeto hacia quienes por la extracción de tezontle en las inmediaciones de zonas habitadas han sufrido daños en su patrimonio, y exigió al representante del GACM a presentar los documentos sobre el impacto ambiental y la mitigación de riesgos y no ceñirse únicamente a repetir que todo está en regla.

 

El Presidente de la Comisión Especial fue tajante al exponer que el proyecto aeroportuario debe desarrollarse bajo el respeto a todas las normas legales y no ser un foco de conflicto con los habitantes de al menos 12 municipios del Estado de México que resienten en diversos niveles el impacto negativo de la obra.

 

Por ello, reiteró la urgencia de que el titular de la SCT no postergue más ese recorrido por áreas afectadas, además de que exhiba los estudios que la población requiere como su legítimo derecho.

 

Entre los municipios con diversos grados de afectación se encuentran Tepelaoxtoc, Texcoco, Tezoyuca, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Temazcalapa, Otumba, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, Tecamac, Acolman y Axapuxco.

 

En dicha reunión de trabajo y en otro orden de ideas, también participó Mariana Campos, de la organización México Evalúa, quien al referirse a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte del GACM dijo que hay temas por cubrir, y recordó que tanto la Secretaría de Hacienda como la Auditoría Superior de la Federación han reconocido que en el desarrollo de obra pública se detectan los principales actos de corrupción y desfases de más del 15 por ciento entre el costo de la obra y lo reportado por el gobierno.

 

Casos especiales, abundó, se han registrado recientemente con obras como el Paso Express Cuernavaca, donde la constructora ALDESA, que también participa en el nuevo aeropuerto, cobró más del  130 por ciento por un tramo carretero deficiente que generó la muerte de dos personas.

 

CSGPPRD

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