• Miercoles, 29 Julio 2020 a las 21:30:00

AVALA GPPRD REFORMA PARA OBLIGAR QUE SENTENCIAS JUDICIALES SEAN PÚBLICAS: MÓNICA ALMEIDA

Opacidad y discrecionalidad inhibe el acceso a información sobre justicia a millones de mexicanos y mexicanas, denuncia la legisladora perredista

 

AVALA GPPRD REFORMA PARA OBLIGAR QUE SENTENCIAS JUDICIALES SEAN PÚBLICAS: MÓNICA ALMEIDA

 

·         Opacidad y discrecionalidad inhibe el acceso a información sobre justicia a millones de mexicanos y mexicanas, denuncia la legisladora perredista

  

A fin de abatir la opacidad y discrecionalidad del Poder Judicial en cuanto a la publicidad de sus sentencias y resoluciones, la diputada Mónica Almeida López presentó el aval del GPPRD al dictamen que modifica Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para hacer obligatorio que todas esas sentencias sean versiones públicas.

 

Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión de periodo extraordinario efectuado hoy, la legisladora jalisciense afirmó que con esta reforma se avanza en garantizar el ejercicio al derecho a la información como derecho humano, tal como lo establecen el Artículo 6 de la Constitución y los tratados internacionales de los que México es adherente.

 

En su fundamentación del voto perredista, señaló que, por el contrario, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente favorece las apreciaciones subjetivas y la discrecionalidad judicial en el acto de decidir qué sentencias se han de publicar y cuáles no, lo que en última instancia afecta negativamente a las mexicanas y los mexicanos.

 

Ello es así porque la redacción vigente de esta Ley establece como criterio “el interés público” -es decir, un concepto jurídico indeterminado- para determinar cuáles sentencias se pueden o no publicar.

 

Y así como la Ley General, tampoco leyes de transparencia de los estados establecen con precisión qué tipo de sentencias o resoluciones deben publicarse con base en el criterio de “Interés Público”, pues hay vaguedad y diferencias entre la gran mayoría de ellas sobre lo que esto significa.

 

Por tanto, el contenido y el alcance de la obligación de publicar sentencias judiciales quedan sujetos a la interpretación de las autoridades, por lo que se incurre en interpretaciones arbitrarias y discrecionales, sobre todo cuando no se atienden estándares para proteger el derecho de acceso a la información.

 

Así, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California ordena que se publiquen las sentencias de interés público, mientras que el Poder Judicial del estado interpreta esta disposición como el deber de publicar sólo la contradicción de criterios, la reiteración de éstos y la denuncia de contradicción de criterios improcedente.

 

La parlamentaria perredista citó estudios sobre las consecuencias de esta falta de precisión, como el “Ranking de (In)Justicia Abierta”, de acuerdo con el cual todos los poderes judiciales del país están reprobados en transparencia y en contar con débiles mecanismos para la participación ciudadana.

 

Mencionó de igual manera el informe “Transparencia en la publicación de Sentencias” de Equis Justicia para Mujeres A.C. del 2018, según el cual diez legislaciones estatales redujeron el estándar en cuánto a la obligación de publicar las sentencias a partir de la homologación con la Ley General.

 

Lo anterior -dijo- deriva en que la mayoría de sentencias no son públicas en México, de modo que sólo el propio Poder Judicial y los involucrados en los juicios conocen su contenido.

 

“Estas apreciaciones subjetivas y la discrecionalidad judicial en la publicación de sentencias provocan que entre las entidades federativas haya condiciones desiguales para el ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que la disponibilidad de la información depende de la interpretación que cada Poder Judicial haga de la obligación estipulada en la ley”, señaló.

 

De este modo, la falta de transparencia provoca que la opacidad se apodere de las prácticas judiciales y esto, a su vez, impide que haya un monitoreo de la sociedad hacia el desempeño de los juzgadores en su labor cotidiana.

 

En cambio, “el acceso a la información es un derecho humano por el cual se fomenta la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública. Por tanto, es una forma de hacer exigibles otros derechos”, apuntó la congresista.

 

Recordó que la transparencia es una conquista de la sociedad frente al Estado y un instrumento efectivo para que los ciudadanos puedan ejercer una vigilancia más sistematizada y detallada sobre la actuación gubernamental.

 

Por el contrario, la falta de publicidad de las sentencias afecta de forma directa la posibilidad de que la población pueda fiscalizar y exigir cuentas sobre la labor del Poder Judicial, función que, entre otras cosas, afecta la vida de millones de personas sin que las mismas tengan oportunidad siquiera de saberlo.

 

 

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