• Jueves, 14 Marzo 2019 a las 17:38:00

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MÓNICA BAUTISTA PARA PRESENTAR EL POSICIONAMIENTO DEL GPPRD DURANTE LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO.

Con relación al Dictamen sobre las iniciativas que reforman y adicionan los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MÓNICA BAUTISTA PARA PRESENTAR EL POSICIONAMIENTO DEL GPPRD DURANTE LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO.

Con su venia, señor Presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

Con relación al Dictamen sobre las iniciativas que reforman y adicionan los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone cambios para democratizar dicho dictamen.

El día de hoy, el partido que está en el gobierno pretende poner a votación en la Cámara de Diputados el realizar un plazo perentorio la consulta popular para saber si el pueblo de México demanda o no la revocación de mandato del Presidente de la República y de los diversos gobernantes de representación popular.

Si esto es así, dicho proceso político, en lugar de enriquecer y democratizar la vida pública en México incorporando a la ciudadanía a participar en un evento indudablemente muy importante. Este acto político, singularmente, trasciende de consulta popular para revocar o no al Presidente de la República y demás gobernantes de las distintas entidades; significa lo contrario a un acto democrático intenso en el cual participe mayoritariamente el pueblo de México y que sea resultado previo de un debate democrático con la mayor participación ciudadana.

Consideramos que una consulta de revocación es un hecho político que surge desde abajo como una demanda con profundas raíces en la soberanía nacional, y este no es el motivo del panorama político nacional. Sin alardes de tener desde ahora claro el ambiente nacional en el que se registraría tal consulta, sí podemos afirmar que estará muy lejos de ser un muestreo político realmente democrático; más bien será un evento poco significativo.

La pregunta que nos hacemos sobre el interés del grupo político hoy dominante para realizar dicha acción y consideramos es más un recurso político táctico, en el cual la cabeza ejecutiva nacional del Presidente de la República, que está llena de simpatía popular, permita jalar la votación nacional hacia los diversos candidatos de su partido, a los puestos de elección popular que están en juego en poco tiempo y repetir la historia del primero de julio del año pasado.

La táctica de la convocatoria para la revocación de mandato del Presidente de la República puede ser muy útil en la perspectiva arriba señalada; sin embargo, resulta un mecanismo mentiroso para comprobar la eficacia de los actos de gobierno que hasta ahora lleva a cabo quienes tienen la mayoría política nacional. Lo más grave de esta medida es el recurso de, en lugar de efectuar un verdadero balance autocrítico y crítico, o sea, propositivo, abriendo el debate nacional para medir el avance logrado con mejoría en los grandes problemas que le aquejan a la nación, dicha convocatoria se convierte en un distractor de la problemática muy delicada que seguimos viviendo en nuestro país.

El Partido de la Revolución Democrática se fundó como un partido de izquierda para superar el autoritarismo que prevaleció en nuestra República desde el triunfo de la revolución mexicana. El autoritarismo, que caracterizó a los gobiernos emanados del Partido de la Revolución Institucional y sus antecesores, negó la competencia partidaria, administró a su antojo el registro de los partidos políticos y garantizó su permanencia en el poder con un sistema electoral controlado por el gobierno para realizar elecciones de Estado, incluyendo el método antidemocrático del fraude electoral.

El PRD se fundó para democratizar la vida política nacional. Este objetivo aún no se alcanza a cabalidad a pesar de las reformas de 1989-1996 que sentaron las bases de la transición a la democracia en México. Esta transición fue posibilitada por las acciones conjuntas del PRD, el Partido Acción Nacional y múltiples organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Aquí, queremos hacer un reconocimiento a las organizaciones sociales y de la sociedad civil que desempeñaron un papel relevante en el proceso democratizador del sistema electoral y que, por cierto, hoy son injustamente denostadas desde el poder presidencial, olvidándose el papel central que jugaron como observadores electorales para frenar la perniciosa práctica del fraude electoral.

El PRD es el único partido que pagó los costos de la transición a la democracia. Un alto costo de vidas humanas pues, en esa lucha, fueron asesinados más de 750 militantes y simpatizantes perredistas. No se puede olvidar que la lucha por las reformas constitucionales y legislativas para pasar del régimen autoritario a la democracia electoral, costó vidas humanas. Esa transición fue una transición cruenta en la que el PRD fue el único partido que sufrió la persecución política del régimen autoritario de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las reformas políticas realizadas entre 1989 y 1996 hicieron posible la alternancia en el poder.  Dichas reformas, a las que luego se sumaron otras como las del 2012, le quitaron al gobierno el control de los procesos electorales, le quitaron al Presidente de la República su atribución de decidir quién sería su sucesor, y crearon el organismo constitucionalmente autónomo, el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Mediante éste se pudo abrir el camino hacia la competencia partidaria. Gracias a dichas reformas en 1997, la izquierda democrática triunfó en la elección de la actual Ciudad de México y, por primera vez, la oposición al régimen autoritario alcanzó la mayoría en esta Cámara de Diputados.

Los pueblos que olvidan su pasado cometen los mismos errores. El PRD llama a la prudencia política, llama al presidente de la República a moderar su desprecio por los organismos constitucionalmente autónomos, estigmatizados por con la acusación interesada de que son corruptos.

No olvidemos que nuestro pasado electoral autoritario fue superado con las reformas que crearon al IFE, luego INE como organismo autónomo; que también crearon al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que con este último organismo se le quitó a la Cámara de Diputados la calificación constitucional de los procesos electorales.

No cometamos el error de debilitar estos organismos autónomos porque el resultado será un regreso al sistema electoral controlado por el gobierno, el retorno a un nuevo régimen autoritario.

Se puede incluso decir que la transición a la democracia se redujo a la competencia partidaria y que empoderó a una partidocracia. El PRD incluso afirma que la democracia mexicana no trajo mejoras en el nivel de vida de nuestra población, pero no se le puede culpar al régimen electoral actual la falta de mejoras sociales para el pueblo mexicano. De la pobreza y la desigualdad social es responsable el modelo de desarrollo neoliberal que impera en el país desde 1982 y que aún sigue vigente a pesar del discurso sistemático que vende la idea de que ha desaparecido.

Llamamos a democratizar la democracia. Esta propuesta originalmente planteada por el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos, debe ser el eje de la discusión y de las reformas constitucionales que hoy se proponen para quitarle candados a la consulta popular e instaurar la revocación del mandato.

Democratizar la democracia implica superar los límites de la democracia representativa que actualmente prevalece en nuestro país y que ante una incipiente cultura democrática de parte de los partidos políticos mexicanos y de los políticos, ha creado condiciones de su desprestigio.

La constante es la del político que llega al puesto y se olvida de sus propuestas de campaña, la del político que puede aprovechar el puesto público alcanzado para realizar gestiones en favor de sus intereses personales.

Es frecuente que el político se considere autónomo de sus representados, que se olvide de los ciudadanos que le dieron el voto, y que actué como si la ciudadanía que lo eligió le haya conferido toda su soberanía, al grado de tomar decisiones que muchas veces resultan perjudiciales para sus representados.

Para democratizar la democracia los mexicanos y las mexicanas debemos adoptar diferentes formas de la democracia directa, deliberativa y participativa, mediante las cuales la ciudadanía se empodera y adquiere la capacidad de influir en el gobierno, de convertirse en una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus obligaciones, en una ciudadanía que supere el marco de su vida privada y asuma una posición interesada por la vida política.

El principal freno al regreso del autoritarismo es una ciudadanía participativa. No se trata de estrecharle el marco de acción a la democracia política, pues esta requiere de la elección libre y legítima de los representantes populares, sino que se trata de ampliar la democracia al sistema de vida social, económica y cultural con el acento en el empoderamiento de la ciudadanía.

Postulamos que la democracia participativa es un medio para que a ciudadanía pueda intervenir con eficacia en las decisiones de gobierno, y eso hemos defendido, la constitucionalización de la consulta popular, de la iniciativa popular y de la revocación de mandato.

La consulta popular no puede realizarse a capricho del gobernante, debe realizarse con base en las normas establecidas en las leyes. Convocar a toda la ciudadanía sin límites territoriales y contar con la participación ciudadana suficiente para que los resultados sean legítimos.

En los últimos meses hemos conocido convocatorias de consultas populares que no se ajustaron al marco legal, sino que se hicieron por la fuerza política del convocante. Hoy nos enteramos de la renuncia presidencial a convocar a consulta popular para enjuiciar a los expresidentes con el argumento de que aún no se reforma el artículo 35 constitucional.

Alguien podría explicar por qué el presidente de la República no empleó el mismo razonamiento en el caso de las consultas convocadas para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sus programas sociales y de inversión prioritarios y sobre la termoeléctrica de Huexca, Morelos.

Esta soberanía debe respetar el principio constitucional de no hacer leyes para satisfacer intereses particulares. El Grupo Parlamentario del PRD está de acuerdo con la democracia participativa y, en consecuencia, con la consulta popular porque democratiza la democracia que tenemos, pero rechaza que la consulta popular se haga en cualquier momento.

Estamos de acuerdo en reducir como solicitantes de una consulta popular al 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y también que el carácter vinculatorio del resultado de la consulta sea válido con el 34 por ciento de participación ciudadana, pero rechazamos que las consultas populares se quieran realizar en cualquier momento, pues de esta forma el instrumento se convertirá en un juguete en manos del gobernante.

Debería fijarse una consulta popular año, la cual podrá realizarse en el marco de una elección federal o fuera del mismo, como un acto autónomo. Por lo tanto, el PRD propone democratizar los términos del dictamen de la consulta popular para que esta sea realizada una vez al año con independencia de los procesos constitucionales programados.

En principio, como hemos dicho, el PRD está en total acuerdo con la revocación del mandato, pues con ella los gobernantes se verán obligados a realizar un buen gobierno. Se verán obligados a escuchar y atender las demandas sociales y ciudadanas, y recíprocamente la ciudadanía tendrá más poder de influencia en las decisiones gubernamentales. Pero por la salud de esta soberanía, es inaceptable la presión presidencial para aprobar una reforma constitucional que satisfaga una decisión tomada de antemano.

En días pasados todos nos enteramos de la decisión presidencial de someter a revocación su mandato en el 2021 con reforma o sin reforma constitucional. Esta afirmación es una mala señal para la democracia, pues tiene todas las características de una imposición que pretende subordinar al Poder Legislativo al interés particular del Poder Ejecutivo.

Insistimos, la revocación de mandato no debe realizarse a capricho del gobernante, se debe especificar las condiciones para que sea procedente dicha revocación. Para empezar, quien sea sometido a revocación no puede ser solicitante, como es el caso del presidente de la República.

Pregunto a esta soberanía, ¿acaso es procedente someter a revocación de mandato a un gobernante que goce de alta popularidad? Hacerlo no es un acto democrático, es una tautología política, un sin sentido, un derroche de recursos públicos para alimentar el lego presidencial, la afición a la egolatría no debe ser justificante para aplicar la revocación de mandato.

Existen diferentes instrumentos estadísticos para constatar la existencia de un mal gobernante, y porque los malos gobernantes no estarían dispuestos a solicitar que los revoquen, esta atribución presidencial no debe aprobarse.

La revocación de mandato debe aplicarse al mal gobernante concluido la primera mitad de su periodo gubernamental. En ese tiempo la ciudadanía tendrá los elementos suficientes para valorar si la gestión gubernamental es buena o mala, y entonces se abriría el periodo para la solicitud de revocación correspondiente.

La revocación de mandato en caso de proceder, deberá realizarse fuera del periodo electoral para elegir diputados federales. Insistir en que dicha revocación se realice en la elección intermedia de diputados federales, insistir en reconocer la atribución presidencial de solicitar su propia revocación sin considerar las estadísticas de medición de su desempeño gubernamental, y pretender que la revocación se haga antes de la mitad del periodo gubernamental tiene las trazas de una trampa para garantizar que Andrés Manuel López Obrador aparezca en la boleta electoral de 2021.

La transición a la democracia permitió que México dejara atrás la época de la intervención presidencial en los procesos electorales. No debemos repetir las acciones autoritarias del pasado, la insistencia de que el actual presidente someta a revocación su mandato en 2021 es una nueva forma de intervención presidencial en los procesos electorales en favor de su partido, y si los que estamos en esta asamblea somos demócratas debemos corregir el dictamen para democratizar tanto la consulta popular en los términos que nuestro grupo parlamentario plantea, y también democratizar la reforma constitucional de revocación de mandato.

Proponemos que la revocación de mandato se justifique por las evidencias de mal gobierno, medible por los ya aceptados instrumentos estadísticos en las encuestas. Que esta acción se realice concluida la primera mitad del periodo gubernamental para el que fue electo el gobernante y que la votación revocatoria se realice fuera de las elecciones intermedias para elegir a diputados federales en el caso de la revocación presidencial, y fuera de las elecciones intermedias de diputados locales en el caso de la revocación de gobernador.

Si la mayoría de esta soberanía no está dispuesta a democratizar el dictamen sobre la consulta popular y la revocación de mandato, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra. Es cuánto.

 

 

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