• Jueves, 25 Julio 2019 a las 14:57:00

POSICIONAMIENTO EXTINCIÓN DE DOMINIO GPPRD DIPUTADA GUADALUPE ALMAGUER PARDO

La Ley Nacional que hoy nos convoca a este periodo extraordinario, tiene su antecedente inmediato en la Ley Federal vigente que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. Es una Ley que creó un procedimiento paralelo al penal para que el Estado se adjudique la propiedad de bienes producto de la delincuencia o que, de alguna manera, se encuentren relacionados con ella

POSICIONAMIENTO EXTINCIÓN DE DOMINIO GPPRD

DIPUTADA GUADALUPE ALMAGUER PARDO

La Ley Nacional que hoy nos convoca a este periodo extraordinario, tiene su antecedente inmediato en la Ley Federal vigente que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. Es una Ley que creó un procedimiento paralelo al penal para que el Estado se adjudique la propiedad de bienes producto de la delincuencia o que, de alguna manera, se encuentren relacionados con ella, como parte de una serie de medidas extraordinarias que instauraron un régimen de excepción para la delincuencia organizada.

Siendo la ley vigente, de orden federal, su aplicación es, únicamente, en ese ámbito y, en su origen, únicamente para los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Posteriormente, las entidades federativas fueron reformando sus constituciones para establecer la figura y poder aplicarla en el marco local, lo cual fue posible ya que, siendo un procedimiento autónomo e independiente del proceso penal, para llevarlo a cabo no se requiere que exista una investigación penal, un probable responsable o sentencia alguna y, en consecuencia, la jurisdicción penal no le es aplicable.

Esto es. El procedimiento de Extinción de Dominio es civil y desaparece los derechos de propiedad sobre determinado bien, producto de la delincuencia, su objetivo es proporcionar a la sociedad un beneficio que resarza los perjuicios causados por la propia actividad delictiva. Es autónomo del procedimiento penal y se encuentra regulado a través de un procedimiento civil especial. No se trata de un procedimiento recaudatorio, sino resarcitorio que, en otros países, se enmarca en los procesos de reconciliación nacional después de conflictos armados. Debido a la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, el procedimiento establecido debía sufrir ajustes para garantizar su oralidad; adicionalmente, las autoridades encargadas de su aplicación se quejaban de las dificultades que imponía este procedimiento y, en consecuencia, de los pocos resultados que se produjeron derivados de estas leyes. Es decir, se imponía una revisión y rediseño del procedimiento, sin embargo, se optó por el diseño de una nueva Ley Nacional (de aplicación obligatoria en el ámbito federal y local) y de un nuevo catálogo de delitos en los cuales se aplicará. Lo que se hizo en esta Ley Nacional no fue la adecuación del procedimiento sino bajar los requisitos que debe cubrir el ministerio púbico para proceder y ampliar de una manera exorbitante el número de delitos por los cuales puede iniciarse. Pasamos de cinco categorías delictivas a 245 tipos penales.

Adicionalmente, ahora será el ciudadano inocente cuyos bienes se encuentren bajo la sospecha no comprobada de que se encuentran relacionados con la comisión de delitos quien tenga que comprobar que actuó de buena fe, aunque no haya nadie en la cárcel por esos supuestos delitos. Estas disposiciones resultan totalmente contrarias a la naturaleza jurídica del Ministerio Público dado que esto desvirtúa su representación social y lo contrapone a la ciudadanía. Cualquier persona que compre o rente un inmueble o compre un carro, está en riesgo de que sus bienes puedan ser objeto de un procedimiento de extinción de dominio y tendrá que demostrarle a la autoridad que no sabía de las actividades delictivas que, dicen, están relacionadas.

Seamos claros, nos encontramos ante una ley que baja los requisitos para la autoridad y lesiona gravemente los derechos de propiedad de las y los ciudadanos. Con las disposiciones que se contienen en esta Ley, estamos haciendo de una ley excepcional, un instrumento legal que puede ser aplicado a todos y cada uno de nosotros. Adicionalmente, consideramos que al ser una Ley Nacional que puede ser aplicada en los ámbitos federal y local, la ampliación del catálogo resulta preocupante, sobre todo si consideramos que no existe una correlación entre el monto de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio o a quien es su propietario y elude el ámbito jurisdiccional al fortalecer la autonomía e independencia de ambos procesos.

La minuta que hoy nos encontramos discutiendo tampoco prevé especialización judicial alguna respecto del procedimiento ya que éstos deberán ser seguidos ante los jueces civiles, no obstante que dentro de las fiscalías se crearán unidades especializadas. Debemos tomar en consideración que el impacto presupuestal entregado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública únicamente señala que esta ley “no generará impacto presupuestal” en el presente ejercicio, pero nada señala de los subsiguientes.

Y como colofón de las disposiciones que nos resultan preocupantes debemos señalar el contenido en las reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en su artículo 92 que concede amplia discrecionalidad a la disposición de los mencionados bienes, al indicar que será el propio Ejecutivo quien disponga la asignación y transferencia de estos bienes, agregándose este fondo a la partida secreta que se está creando por la vía de la Ley de Austeridad. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen.

 

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