Versión No.17

• Jueves, 14 Marzo 2024 a las 16:37:00

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ELIZABETH PÉREZ VALDEZ, VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

El proceso de “Revocación de Mandato” y de “Consulta Popular” son derechos de la ciudadanía plasmados en nuestra Constitución.

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de marzo, 2024

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ELIZABETH PÉREZ VALDEZ, VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO, Y FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, EN MATERIA DE PRESUPUESTO.

 

Con la venia Presidenta.

 

La presente Iniciativa tiene como objetivo, el adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Revocación de Mandato, y a la Ley Federal de Consulta Popular, en materia de presupuesto; para lo cual profundizaré un poco sobre el tema:

 

El proceso de “Revocación de Mandato” y de “Consulta Popular” son derechos de la ciudadanía plasmados en nuestra Constitución.

 

La Consulta Popular es el instrumento de participación por el cual, las y los ciudadanos -a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible- tomamos parte de las decisiones de los poderes públicos.

 

Mientras que la Revocación de Mandato es el medio de participación solicitado por las y los ciudadanos, para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza.

 

Es decir: Ambas, son herramientas con las que la ciudadanía cuenta para ejercer -de una manera real y efectiva- sus derechos ciudadanos, por lo que éstos deben ser garantizados por una autoridad imparcial y totalmente autónoma, sin sujeciones ni presiones de ningún otro poder.

 

El artículo 27 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece que: “El Instituto Nacional Electoral es el responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de Revocación de Mandato, y llevar al cabo la promoción del voto garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género; en el ejercicio de la función de la participación ciudadana”.

 

Como todas y todos sabemos, el primer ejercicio de Revocación de Mandato se llevó al cabo el pasado 10 de abril de 2022 en medio de una serie de inconvenientes ante la reducción del presupuesto necesario para su implementación y desarrollo.

 

Por lo tanto, aquí se dio una discusión sin mediar explicación alguna, a donde sólo se otorgó al INE un poco más de 800 millones de pesos para llevar al cabo el proceso. Nada que ver con la cifra que había solicitado este Instituto de manera original.

 

En el tenor de los pasados inconvenientes por el que se desarrolló la Revocación de Mandato y, al mismo tiempo, se desplegó una campaña desde el oficialismo para acusar a las y los consejeros del INE de “pretender obstaculizar el proceso”, llegando al extremo de amenazar -desde la presidencia de la Cámara de las y los Diputados- con encarcelar a seis consejeros y consejeras, así como también al Secretario Ejecutivo del INE.

 

De esa cadena de incongruencias, destaca la controversia generada por la negativa de entregarle al INE los recursos para llevar al cabo el proceso de Revocación de Mandato en los términos que establece la ley, tanto por la mayoría de la Cámara de las y los Diputados, como por la Secretaría de Hacienda; una situación que resulta realmente incomprensible.

 

Por un lado, se aprueban leyes que maximizan los derechos de la ciudadanía; pero por otro, se autorizan presupuestos insuficientes que minimizan las capacidades de la autoridad electoral.

 

Es por ello que presento la actual Iniciativa que propone -en lo particular- modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato, y la Ley Federal de Consulta Popular para que se garantice -sí o sí- el presupuesto necesario para llevar al cabo las consultas populares y, en su caso, la Revocación de Mandato.

 

No se dejen, de ninguna forma, desprovistas las obligaciones que, por mandato constitucional, también tiene el Instituto Nacional Electoral, institución autónoma que trabaja profesional e imparcialmente, y a la que –ahora- se pretende debilitar desde el Poder Ejecutivo, intentando tirar esas “escaleras” con las que se llegó al poder, para perpetuarse en él.

 

La democracia debe garantizarse y, sobre todo, debe defenderse.

 

Este es un derecho de las y los ciudadanos, quienes hemos construido las instituciones y luchado por derrocar a los regímenes que han querido arrebatarnos este derecho.

 

Sabemos perfectamente que el costo de defender la democracia puede ser, incluso, hasta con la vida, y siempre defenderemos el derecho a disentir.

 

Por ello, el Grupo Parlamentario decimos: “La democracia no se toca”.

 

Por último, nos vemos el 8 de marzo en la marcha ¡claro que sí, ahí llenaremos nuevamente el Zócalo!

 

Tengan la certeza de que, si quieren llenar nuestra ciudad de barricadas para que no lleguemos a la gran plaza, las vamos a tirar todas y cada una de ellas.

 

El Zócalo de la Ciudad de México es del movimiento feminista, y lo vamos a hacer por las que ya no están; pero, sobre todo, lo vamos a hacer también por las que vienen detrás de nosotras.

 

Si no les queda claro, en el movimiento feminista podemos ser peores de lo que ya somos si hoy dicen que “somos malas” ¿por qué? por una sencilla razón: ¡Vivas nos queremos! Así es como debemos de vivir las mujeres en este país: ¡Vivas y libres!

 

Gracias Presidenta.

 

 

oooOooo

 

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